A un año de la misteriosa muerte de Alejandro Castro, activista y dirigente en Quintero, y en medio de un fuerte cuestionamiento social al impacto ambiental que generan las grandes empresas, cabe cuestionarse ¿Es un caso aislado? ¿Cuántos activistas medioambientales han muerto en situaciones poco claras? ¿Qué ha determinado la justicia ante estos casos?
Viernes 4 de octubre de 2019 | Edición del día
Alejandro Castro era un activista por el medio ambiente y dirigente del Sindicato de Pescadores Artesanales S-24 de Quinteros y hace unos días se cumplió un año de su muerte.
Lo que en un principio se justificó por la policía y el Servicio Médico Legal (SML) como un suicidio, era totalmente contradictorio con los testigos que aseguran que el no habría tomado esta decisión, ya que el día anterior participó de una marcha en Valparaíso contra la contaminación generada por la empresa ENAP. Su familia como sus cercanos sostienen que Alejandro no sé suicidó, sino más bien fue asesinado.
Las sospechas de familiares, amigos y otros activistas son claras y se argumentan con otros tantos casos en los que se "suicida" a quienes luchan por causas que ponen en discusión el saqueo, las empresas y la contaminación. Tal es la situación que según datos de Global Witness durante aquel año 164 activistas medioambientales fueron asesinados (más de tres por semana) concentrándose la mayoría de los asesinatos en Latinoamérica y habiendo sido perpetrados mayormente por policías locales.
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La muerte de Alejandro se suma a casos como el de la ambientalista mapuche Macarena Valdés, quien fue encontrada al interior de su casa, mientras el SML declaraba muerte producida por asfixia "sin intervención de terceros", el peritaje contratado por la familia demostró que el cuello de Macarena no mostraba signos de ahorcamiento estando con vida, puesto que no tenía las heridas y hematomas propios de un cuello sometido a asfixia por el peso de su cuerpo. Casos incluso más violentos como el de Camilo Catrillanca, Matías Catrileo o Rodrigo Cisternas, todos asesinados con armas de fuego por la policía.
¿Quiénes son los responsables?
Según los datos del Global Witness, es preocupante el grado de la criminalización que los gobiernos mantienen contra activistas y dirigentes, con el fin de justificar el refuerzo policial y la represión.
Los grupos empresariales, durante años han saqueado los recursos naturales y precarizado la vida a tal punto que hay comunas sin agua potable, siendo hoy la crisis hídrica más grande de los últimos 60 años, y bosques nativos devastados. Mientras todo el saqueo avanzaba, los gobiernos te turno, tanto de la Concertación como de Chile Vamos y la ex Nueva Mayoría se encargaron de reforzar el ataque policial a los sectores movilizados, en especial a estudiantes, trabajadores y pueblo Mapuche.
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