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Red Internacional

Ni perdón, ni olvido. Ayotzinapa: cronología de un crimen de Estado

A ocho años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, te presentamos la cronología de los hechos desde la noche de Iguala en el 2014.

Martes 27 de septiembre | 13:07

A ocho años de la desaparición de 43 normalistas de la normal rural Raul Isidro Burgos en Ayotzinapa, te presentamos los momentos claves del caso, que hasta hoy, familiares, estudiantes, organizaciones y miles de personas continúan exigiendo justicia al Estado y al ejército.

2014

26 de septiembre: “La noche de Iguala”

Alrededor de 100 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa salieron en cinco autobuses hacia la ciudad de Iguala con el fin de recaudar dinero para asistir a la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México, querían conmemorar la matanza del 68 en Tlatelolco.

Esa misma noche, la policía municipal abre fuego contra 3 de los 5 camiones por razones aún desconocidas. Ni la policía federal, ni estatal llegan en auxilio de los jóvenes. Durante los hechos, resultan 6 personas muertas y 25 heridas, y desaparecen 43 normalistas.

De acuerdo con la mayoría de las versiones oficiales, la policía los entregó al cártel local “Guerreros Unidos”, estrechamente relacionados con las fuerzas del orden, el alcalde de Iguala y su esposa.

Existe una base militar en Iguala, a menos de 3 kilómetros de donde ocurrieron los ataques contra los estudiantes. Existe evidencia de que el ejército estuvo monitoreando los movimientos de los estudiantes la noche de los ataques. Además, posteriormente se descubrieron fotos de los estudiantes heridos en una clínica médica, tomadas con celulares de soldados.

27 de septiembre: encuentran el cuerpo de Julio César Mondragón

Los familiares de los estudiantes los reportan desaparecidos. Más tarde, ese mismo día, es hallado el cuerpo de un estudiante de 22 años, Julio César Mondragón Fontes.

28 de septiembre: Tlachinollan

Tlachinollan, una organización no gubernamental en el estado de Guerrero, hace la primera denuncia de uso de violencia estatal. En ese entonces se reportaron 55 desaparecidos. La ONG se convirtió luego en la asesora legal de las familias.

29 de septiembre: respuesta del estado de Guerrero

Las autoridades de Guerrero iniciaron oficialmente con la búsqueda de los estudiantes.

1 de octubre: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional publicó un comunicado denunciando los eventos y pidiendo una pronta investigación por parte del Estado Mexicano.

3 de octubre: Comisión interamericana de derechos humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un reporte llamando al gobierno mexicano a investigar el caso.

5 de octubre: primeros hallazgos

El Gobierno de Guerrero publicó un reporte que reconoce la participación de la policía municipal de Iguala y del cártel de los Guerreros Unidos en los eventos del 26 de septiembre. José Luis Abarca, el presidente municipal de esta ciudad, es condenado como el autor intelectual del crimen.

8 de octubre: primera protesta masiva

Ocurre la primera protesta masiva por el caso en la Ciudad de México, donde participan alrededor de 15,000 personas. Hay réplicas de la protesta en 55 ciudades dentro y fuera de México. Los familiares de los estudiantes desaparecidos dirigen la marcha.

El mismo día, el Equipo Argentino de Antropología Forense, cuya ayuda fue solicitada por los familiares de los desaparecidos, llega a Guerrero. Los forenses argentinos identifican 28 cuerpos descubiertos en una fosa común, pero ninguno pertenece a los desaparecidos.

13 de octubre: autoridades federales se reúnen con familiares de las víctimas y con Tlachinollan

Por primera vez desde los eventos, el Secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chongo, y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se reúnen con familiares de los estudiantes desaparecidos y Tlachinollan. El propósito de la reunión es implementar las sugerencias de la CIDH con respecto a la protección de todos los actores involucrados en la investigación.

17 de octubre: primeros arrestos

Captura la PGR a Sidronio Casarrubias, líder del cártel Guerreros Unido. Asimismo, anuncian el arresto de 14 policías más y el hallazgo de tres fosas más.

22 de octubre: crecen las protestas

Segunda protesta masiva en la Ciudad de México y otras cien ciudades más, incluyendo Londres, Nueva York, Madrid, y Río de Janeiro. Algunas escuelas y universidades se van a paro.

El procurador Jesús Murillo Karam declara prófugo al alcalde de Iguala y a su esposa, que habían sido señalados como presuntos culpables de ordenar el ataque contra los estudiantes.

24 de octubre: la ONU condena los eventos

La ONU publica un comunicado expresando su preocupación por la continua desaparición de los estudiantes y el descubrimiento de fosas comunes en el Estado de Guerrero.

28 de octubre: dimite el gobernador de Guerrero

Ángel Aguirre, el Gobernador de Guerrero, renuncia tras las presión política de los eventos. Rogelio Ortega, quien hasta entonces era director de una universidad local, comienza su mandato como nuevo gobernador del estado.

29 de octubre: el presidente Enrique Peña Nieto se reúne con familiares de las víctimas.

2 de noviembre: los otros desaparecidos

La desaparición de los estudiantes tiene un gran impacto en la sociedad civil: en el proceso de buscar a los estudiantes, se descubren más de 60 fosas comunes en Guerrero. Por este motivo, un grupo de familias locales decide unirse para formar la organización "Los Otros Desaparecidos".

4 de noviembre: el alcalde de Iguala, Jose Luis Abarca y su esposa son detenidos en la Ciudad de México, y él trasladado a una prisión de máxima seguridad.

5 de noviembre: Tercera protesta masiva

Tercera protesta masiva en la Ciudad de México, donde participaron al menos 50,000 personas. Hay algunas confrontaciones entre fuerzas de la policía y protestantes.

7 de noviembre: “Ya me cansé” de Murillo Karam

En una conferencia de prensa de la PGR, Murillo Karam declaró, tras la captura y confesión de tres miembros del cártel de Guerrerosque miembros de la policía municipal de Iguala entregaron a los estudiantes al cártel de los Guerreros Unidos. Según la PGR, el cártel es el responsable del asesinato de los estudiantes, quienes después fueron incinerados en un basurero en el poblado de Cocula. Murillo Karam cierra la conferencia con un “Ya me cansé” que causa la ira de la sociedad mexicana.

El mismo día, los familiares de las víctimas rechazan la versión oficial y rompen con el Estado mexicano.

11 de noviembre: Equipo Argentino de Antropología Forense niega la versión oficial

El Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes han dirigido una investigación independiente, denuncian fallas en la investigación del Estado Mexicano.

20 de noviembre: protestas más grandes

Protesta masiva en la Ciudad de México con réplicas en más de 250 ciudades. Alrededor de 100,000 personas se unen a la protesta. Numerosas escuelas y universidades se van a paro. Hay episodios de brutalidad policiaca, y se efectúan 11 detenciones arbitrarias.

8 de diciembre: la CNDH toma el caso

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México toma el caso y anuncia que laboratorios en Innsbruck, Austria, identifican al estudiante Alexander Mora Venancio, entre los restos encontrados en el basurero de la vecina localidad de Colula, donde según la versión oficial fueron incinerados los estudiantes. Los forenses argentinos advierten que se violaron protocolos y no hay manera de garantizar la veracidad de los hallazgos.

2015

27 de enero: “La verdad histórica”

El procurador Murillo Karam declara que la “verdad histórica” ha sido determinada y da como resuelto el caso. La fuerte presión y el descontento lo fuerzan a renunciar un mes más tarde.

30 de enero: la CIDH crea Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)

En respuesta a peticiones por parte de los familiares de los estudiantes y del gobierno mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—quien forma parte de la Organización de Estados Americanos— se crea el Grupo de Expertos Independientes, que se convierte en uno de los principales aliados de los familiares.

3 de febrero: sesión del Comité de Desaparición Forzada de la ONU

El gobierno mexicano es llamado a la sesión de desaparición forzada de la ONU, donde se le pide entregar un reporte sobre la situación en materia de derechos humanos en el país. Los padres de los estudiantes desaparecidos son invitados a la sesión.

15 de marzo: padres de estudiantes comienzan serie de caravanas por el mundo

Familiares de los estudiantes desaparecidos viajan a varias localidades clave en Estados Unidos, Europa y Sudamérica, para presentar sus testimonios a audiencias internacionales. Los padres esperan que las caravanas ayuden a incrementar la presión internacional contra el gobierno mexicano.

10 de mayo: Grupo de Expertos solicita abrir investigación sobre ejército mexicano

En vista de que el gobierno mexicano no ha investigado al ejército, el grupo de expertos solicita permiso para entrevistar al Batallón de Iguala e inspeccionar la base militar. El gobierno mexicano nunca accedió a la solicitud.

11 de mayo:

El GIEI informa que varios agentes de policía y miembros de bandas delictivas que fueron arrestados habían sido torturados para confesar su participación en los hechos

15 de junio: enfrentamiento en elecciones y regreso del PRI a Guerrero

Se registran episodios de violencia entre simpatizantes de los estudiantes desaparecidos y policía municipal, durante las elecciones federales en el estado de Guerrero. Los enfrentamientos ocurren después de que los protestantes llaman a un boicot electoral. El PRI, el partido al que el Presidente Peña Nieto pertenece, obtiene la mayoría de votos en Guerrero, recuperando la gubernatura.

6 de septiembre: reporte de la CIDH y primeros hallazgos

El GIEI publica un reporte sobre los eventos en Iguala. El reporte culpa al gobierno por los hechos ocurridos, y desacredita la versión oficial de la PGR, al asegurar que es físicamente imposible que los cuerpos de los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Colula. Los expertos especulan que los autobuses en los cuales viajaban los estudiantes transportaban drogas ilegales, y que aquella pudo haber sido la razón de los ataques.

17 de septiembre: es encontrado el cuerpo de un segundo estudiante, Jhosivani Guerrero de la Cruz

Un segundo normalista, Jhosivani Guerrero De La Cruz, es identificado por los laboratorios de Innsbruck.

21 de septiembre: 111 detenidos

111 miembros de la policía y presuntos miembros de “Guerreros Unidos” son detenidos en relación con el crimen. Con excepción del alcalde de Iguala y su esposa, ningún otro funcionario del Estado ha sido arrestado, ni tampoco miembros del ejército o la policía federal.

23 de septiembre: a punto de cumplirse un año de la desaparición, los padres inician una huelga de hambre.

24 de septiembre: Enrique Peña Nieto se reúne con los familiares y anuncia la creación de la fiscalía especializada en la búsqueda de desaparecidos.

26 de septiembre: en el aniversario de la tragedia, los padres marchan hacia la capital para honrar a los jóvenes y exigir justicia.

20 de octubre: Estados Unidos le retira 15% de fondos de la Iniciativa Mérida, de “combate al tráfico de drogas”, a México por violaciones de derechos humanos.

26 de noviembre: los padres de los 43 inician un plantón afuera de Los Pinos, la residencia presidencial.

2016

10 de febrero: Segundo rechazo de la “verdad histórica”

Los forenses argentinos rechazan la “verdad histórica” del Gobierno mexicano y publican un reporte final que reafirma que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Colula, denuncia la coordinación entre las autoridades para evitar que los estudiantes escaparan y la obstaculización gubernamental de la investigación.

1 de abril: nuevo intento de la fiscalía

La fiscalía, basada en su nuevo informe, anunció el 1 de abril que por lo menos 17 personas fueron incineradas en el basurero. Con base a eso, deciden hacer más pruebas; sin embargo, el GIEI rechaza los hallazgos de la fiscalía

24 de abril: informe final del GIEI

El Grupo de expertos publica en la Ciudad de México su reporte final sobre la desaparición de los 43 estudiantes, a sólo una semana de que el mandato del GIEI terminase el 30 de abril. El reporte reafirma que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula, detalla la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales en prevenir que los estudiantes escaparan la noche de su desaparición, y denuncia las formas en las cuales el gobierno mexicano intentó obstaculizar la investigación. Asimismo, el reporte recomienda una serie de seguimientos para determinar el paradero de los estudiantes, como investigar a miembros del ejército, que no son nunca tomados en cuenta por el gobierno.

8 de junio: nuevo fiscal del caso Iguala

Alfredo Higuera Bernal es nombrado el nuevo fiscal del caso Iguala. Los padres de los estudiantes descartan que tengan confianza en el nuevo responsable de la oficina a cargo de su caso.

14 de septiembre: renuncia el jefe de la investigación del gobierno del caso Ayotzinapa

Tomas Zerón de Lucio, Jefe de Investigaciones Criminales en la Procuraduría General Mexicana, renuncia debido a los escándalos relacionados a sus acciones en la investigación del caso Ayotzinapa. El GIEI y los familiares lo habían acusado en varias ocasiones de sembrar evidencia. Esto empieza a partir de un video del 28 de octubre de 2014 que muestra a Zerón caminando junto al río - en el lugar exacto donde se encontraron al día siguiente las bolsas con fragmentos óseos de Alexander Mora, el único estudiante cuyos restos han sido identificados.

Zerón deja el cargo a Raúl Cervantes Andrade, quien después de un año entrega el mando a Alberto Elías Beltrán.

26 de septiembre: nueva protesta en el segundo aniversario de la tragedia

16 de octubre: nuevo procurador general

Raul Cervantes Andrade es nombrado Procurador General de la República, sustituyendo a Arely Gomez. Es el tercer procurador nombrado en los últimos tres años.

2017

44.- 26 de septiembre de 2017: protesta en el tercer aniversario de la tragedia

En el tercer aniversario de los hechos unos 100,000 manifestantes protestan en la Ciudad de México pidiendo la resolución del caso.

AMLO se reúne con los familiares de las víctimas y se compromete a investigar a fondo

16 de octubre: Renuncia Raúl Cervantes Andrade

17 de noviembre: se promulga la ley de desapariciones forzadas

La ley castiga con penas de 40 a 60 años de cárcel a funcionarios públicos que estén involucrados en la desaparición de alguna persona, y de 25 a 50 años para desapariciones cometidas por particulares.

2018

3 de marzo: la PGR anuncia que buscará cerrar el caso antes del fin de la presidencia de Enrique Peña Nieto

Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores, anunció en una conferencia pública de la CIDH que la PGR buscará cerrar el caso de Ayotzinapa antes de que concluya el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2018. La investigación no ha resultado en el procesamiento penal de ninguna persona, y los familiares y ONGs involucradas denuncian la falta de avances en las líneas de investigación.

31 de mayo de 2018: se crea la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia

El Tribunal Federal de México emite una sentencia histórica en la que concluye que la Fiscalía General de la República no garantizó procesos transparentes y de justicia para el caso Ayotzinapa. Se crea la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (CVAJ).

2019

15 de enero: se crea una comisión presidencial

Se crea la comisión presidencial en donde Ángela Buitrago y Francisco Cox, integrantes del GIEI, trabajan una vez más para resolver el caso. El gobierno de López Obrador reinstala el GIEI como lo solicitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

23 de junio: video sobre torturas en el caso Ayotzinapa

Aparece en Youtube el video de Carlos Canto, uno de los detenidos durante la investigación del caso Ayotzinapa, siendo torturado durante una interrogación de la PGR. El video confirma los informes de la OACNUDH, donde aseguran que al menos 34 detenidos fueron torturados durante las investigaciones. Carlos Gómez Arrieta, quien fuera jefe de la Policía de Investigación Federal, es identificado como el interrogador en el video. Actualmente se encuentra prófugo.

26 de junio: El nuevo fiscal general crea la Unidad Especial de Investigación para el Caso Ayotzinapa

El Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, crea la Unidad Especial de Investigación para el Caso Ayotzinapa, la cual se dedica a investigar la desaparición de los estudiantes, así como la obstrucción de justicia y otros crímenes cometidos por funcionarios durante las investigaciones que tuvieron lugar durante el mandato del Presidente Peña Nieto. El jefe de la unidad es Omar Gómez Trejo.

Octubre: se liberan varios detenidos por acusaciones de tortura

El Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informa que de las 142 personas detenidas, sólo quedan 64 bajo proceso, ya que se han registrado varias irregularidades en la investigación del caso. Algunas de las personas liberadas son los principales sospechosos de la desaparición de los estudiantes. Entre las personas liberadas recientemente se encuentra Carlos Canto, quien fue torturado durante su proceso de interrogación.

2020

17 de marzo: la FGR emite órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del gobierno

A partir de las investigaciones de la Unidad de Investigación Especial para el Caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República emite órdenes de arresto en contra de cinco ex-funcionarios de la PGR y un Marino por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Hasta la fecha, la FGR ha detenido a tres de los seis acusados: Ezequiel Peña Cerda (Jefe del Área de Investigación Criminal de la PGR), Ariel Agustín Castillo Reyes (ex-Marino) e Isidro Junco Baraja (ex-Director de Equipos Especiales de la Policía Federal de Investigación). Los tres son acusados de torturar a Carlos Canto, uno de los sospechosos detenidos en 2014.

30 de junio: El fiscal general Alejandro Gertz afirma que “Se acabó la verdad histórica”.

La “verdad histórica” es oficialmente cancelada y el Fiscal General solicita la captura de 46 exfuncionarios, entre ellos el entonces jefe la investigación, Tomás Zerón, acusado de secuestrar, torturar y manipular evidencia del caso. Actualmente Zerón se encuentra fugitivo en Israel.

7 de julio: se revela el encuentro de restos óseos de uno más de los estudiantes a más de 1 kilómetro del basurero de Cocula

Se da a conocer que habían sido identificados restos óseos de uno más de los estudiantes, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre en la Barranca de La Carnicería, a casi un kilómetro del basurero de Cocula, lo que termina de enterrar la “verdad histórica”.

13 de julio: se divulga un video de Tomás Zerón participando en un interrogatorio con violencia.

26 de julio: se crea la Unidad de Investigación y Litigación

La fiscalía general de la república creó la Unidad de Investigación y Litigación para el caso el 26 de julio. Omar Gómez fue nombrado por el procurador general, Alejandro Gertz, para encabezar la unidad. Gómez, quien colaboró con la CNDH durante la presidencia de Peña Nieto, se posicionó como uno de los principales opositores de la “verdad histórica”.

18 de septiembre: el Diario Oficial publica un decreto en el cual el gobierno de México reconoció la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar casos individuales en el país.

25 de septiembre: son vinculados a proceso “El Mochomo”, presunto líder de guerreros unidos cuando ocurrió la tragedia, y su abogado.

26 de septiembre: 6to aniversario

En el sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente Andrés Manuel López Obrador rinden un informe sobre los avances que se han logrado en las investigaciones

2022

18 de agosto: La Comisión de la Verdad declara la desaparición de los 43 normalistas como un crimen de Estado.

La CVAJ presenta sus conclusiones preliminares y establece que en la desaparición "concurrieron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano" y lo declara “crimen de Estado”.

"La creación de la ’verdad histórica’ fue una acción organizada del aparato del poder, desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes", asegura el informe de la CVAJ.

El presidente de la Comisión, Alejandro Encinas, declaró, además, que no hay indicios para suponer que los estudiantes se encuentren con vida, y señaló como responsable de instruir el ataque contra los estudiantes al ex alcalde Jose Luis Abarca, quien está detenido no por la desaparición, sino por el homicidio de Arturo Hernández Cardona.

19 de agosto: es arrestado Murillo Karam

Es detenido el ex Fiscal Jesús Murillo Karam y se emitieron otras 83 órdenes de detención contra militares, policías, autoridades administrativas y judiciales y miembros de Guerreros Unidos.

25 de agosto: se revelan mensajes del líder de guerreros unidos que dan luz sobre el caso

Los mensajes refuerzan la sospecha de que en el quinto camión tomado por los estudiantes había una carga valiosa para los guerreros unidos en su red de tráfico hacia los Estados Unidos, sin embargo, las pruebas completas están reservadas por el gobierno estadounidense.

14 de septiembre: Jose Luis Abarca es absuelto por un juez de su participación en el crimen contra los normalistas

El juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, absuelve al exalcalde de su responsabilidad en el caso Ayotzinapa por supuesta falta de evidencias. Se espera que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana impugne la absolución.


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