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Red Internacional

#Fue el Estado. Claves del reconocimiento de Ayotzinapa como crimen de Estado

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa llegó a la conclusión preliminar de que hubo vínculos y participación de autoridades civiles y militares en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un ejemplo del verdadero papel de las fuerzas represivas, a las que AMLO busca legitimar como “pueblo uniformado”.

Jueves 18 de agosto | 23:58

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, dio a conocer el informe en una conferencia de prensa. “La llamada verdad historia del gobierno de Peña Nieto es el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder. De haber intervenido se habría evitado la represión y el asesinato de los estudiantes”, declaró el funcionario.

Una de las conclusiones más duras de la investigación es que los normalistas desaparecidos estarían muertos. Los familiares de los normalistas respondieron que analizarán “a profundidad el informe y la opinión técnica del GIEI” antes de fijar una postura.

Los 16 puntos del informe

1. La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.

2. Autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.

3. En todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio.

4. En ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presencia municipal del DIF.

5. El grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones, a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.

6. En ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.

7. Tras la salida de la Terminal de Salida de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.

8. Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531.

9. Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa.

10. Se confirma el traslado del autobús (Ecoter), sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.

11. Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin.

12. Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.

13. Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.

14. No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.

15. Es necesario continuar con la búsqueda en: la Ribera del Río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje de Suriana en Iguala, y en las inmediaciones de Tepeguaje.

16. Existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades.

¿Cuándo llega el reconocimiento del crimen de Estado?

Para los cientos de miles de personas que tomamos las calles luego de aquel trágico 26 de septiembre de 2014, indignados ante la desaparición forzada de los jóvenes que soñaban con enseñar a leer y escribir a los hijos de familias trabajadoras y campesinas, que durante el gobierno de López Obrador se admita que se cometió un crimen de Estado se puede percibir como un logro.

La consigna #Fue el Estado parece ser reconocida también con el resultado del informe preliminar dado a conocer por el subsecretario de Derechos Humanos.

Sin embargo, este reconocimiento no es en sí mismo sinónimo de justicia para los familiares y compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos.

Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero (que había llegado al gobierno estatal por el PRD), lo único que perdió es su carrera política. Peña Nieto, otro de los responsables políticos y uno de los autores de la nefasta “verdad histórica”, tiene abiertas tres investigaciones de la FGR por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero ninguna por represor -fue el responsable de la brutal represión de San Salvador Atenco en 2006- ni por desapariciones forzadas. Y así puede seguir la lista de todos los altos funcionarios que están implicados en este crimen de Estado.

La presentación de este informe se da en las preliminares de las elecciones del Estado de México de 2023, el último reducto del PRI en la región centro y la entidad más poblada del país y en el marco de crecientes tensiones entre el Morena y el PRI tras el rechazo del tricolor de votar a favor de la reforma eléctrica de López Obrador.

Coincide en el tiempo también con el anuncio del pase de la Guardia Nacional a la órbita de la Sedena que realizó el presidente AMLO, y la creciente entrega de actividades del orden civil a las fuerzas represivas, como parte de una política sistemática para recomponer la imagen de los uniformados ante las masas populares.

Así como lo hace con el discurso de que el ejército es “pueblo organizado”, con el argumento de que viene de la revolución mexicana, cuando los militares son responsables de innumerables masacres y atropellos contra la clase trabajadora y los sectores populares, y siempre han quedado impunes, como el Halconazo, las masacres de Tlatelolco, de Acteal, de Aguas Blancas, y cuando además se ha probado, justo en el caso de Ayoztinapa la colusión de sectores de la cúpula militar con el crimen organizado.

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Para que el reconocimiento oficial de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa como crimen de Estado no quede solo como un gesto político de cara a los próximos comicios, es necesario recrear un amplio movimiento democrático, del que participen sindicatos, trabajadoras y trabajadores, jóvenes y mujeres, organizaciones sociales y políticas, independiente del gobierno y de la derecha, que tome las calles por juicio y castigo a todos y cada uno de los responsables de que nos falten estos jóvenes que desaparecieron días antes de poder participar en la movilización por la masacre de Tlatelolco, otro crimen de Estado que quedó impune.




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