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Red Internacional

El 17 de mayo, dos ejidatarios de El Bajío, su representante legal, y tres miembros de las asociaciones London Mining Network (Red Minera de Londres) y London Mexico Solidarity, acudieron a la asamblea anual de accionistas y directivos de Penmont, subsidiaria de la empresa mexicana Fresnillo PLC exigiendo justicia.

Maestra Teresa AguilarMaestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Miércoles 25 de mayo | 22:49

La empresa Penmont cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Frente al edificio donde se llevaba a cabo la asamblea, ejidatarios y personas solidarias entonaban: ¡El Bajío no se vende, el bajío no se da, el bajío se defiende, con mucha dignidad!

Tuvieron la oportunidad de preguntarle directamente al presidente de la empresa, Alejandro Baillères, quien tomó el cargo tras la muerte de su padre en febrero –Alberto Baillères, quien fuera conocido como el “rey de la plata”, el cuarto hombre más rico de México–, el motivo de su incumplimiento a la orden judicial que dispone la restitución de las tierras a los ejidatarios y la remediación de los daños al ecosistema, así como su responsabilidad en el secuestro, la desaparición y el asesinato de activistas contra la minera en Sonora.

La impunidad judicial ya lleva 8 años, lo que no habría sido posible sin la responsabilidad del gobierno mexicano que no ha ejecutado las 67 sentencias que dictó el Tribunal Federal Agrario contra la minera desde el 2014, como dio a conocer el representante legal y ejidatario, Jesús Thomas González.

Entre las acciones violentas que han sufrido los y las ejidatarias, han habido órdenes de aprensión emitidas sin fundamentos (por las que fueron encarcelados 12 ejidatarios), robos de vehículos, desplazamiento forzado del territorio, privaciones de la libertad, amenazas, secuestros, torturas y el asesinato de cuatro integrantes de la resistencia contra Penmont: Raúl Ibarra de la Paz y Elizabeth López Gutiérrez, en febrero de 2018; José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez, en abril de 2021. Así como la desaparición de Noemí López Gutiérrez.

Junto a los cuerpos de José de Jesús y María de Jesús se encontró una lista que incluía los nombres de otros 13 miembros que han luchado contra la minería. El primero había sido víctima de desaparición forzada y continuas amenazas de parte de las autoridades del gobierno de Sonora y del apoderado de la mina, Jorge Paul Favela Rodríguez y Eduardo Ocampo Bautista, por lo que levantó un acta.

Aunado a esto, hay toneladas de cianuro en el suelo y muchos animales están muertos en el territorio del berrendo sonorense, una especie que requiere protección y cuya población ronda en los 500 ejemplares en Sonora.

¿Qué decía la orden judicial del Tribunal Agrario?

Las y los sonorenses recordaron que la orden judicial demanda la restitución de la tierra a los ejidatarios y el ecosistema a su estado original, como era antes de la extracción de 10 millones 833 mil 527 toneladas de tierra y 236 mil 709 onzas de oro, el pago de renta por el tiempo que fue explotada, así como el pago del mineral extraído (oro y plata) de 1994 a 2013.

Penmont de Fresnillo PLC, comenzó a operar en 1991 con tres proyectos a cielo abierto para extraer oro: La Herradura (1998), Dipolos-La Soledad (2010) y Noche Buena (2012).

La minera dijo a los comuneros que haría actividades de exploración pero en su lugar comenzó con operaciones extractivas en 1994, en 2008 se convirtió en la primera empresa mexicana en cotizar en la Bolsa de Londres. Los ejidatarios decidieron defenderse de manera legal y en 2011 una primera sentencia determinó que la minera debía desocupar las tierras, lo que hizo en 2013.

En ese año, 67 ejidatarios interpusieron denuncias por los daños causados al territorio y en 2014 el tribunal agrario 28, con sede en Hermosillo, ordenó a la compañía restituir los daños causados, pero el caso sigue impune porque las sentencias no han sido ejecutadas por parte del Tribunal Federal.

Tan solo, el año pasado la minera obtuvo una utilidad bruta de 936.9 millones de dólares según indica su informe anual.

Ante los interrogantes de los manifestantes, los directivos del Fresnillo PLC contestaron diciendo que su empresa tenía inversión social y medio ambiental. Uno de ellos comentó que “Fresnillo cumplió plenamente con la orden judicial y, como resultado, desocupó mil 824 hectáreas de tierra, lo que supuso la suspensión de las operaciones en Soledad-Dipolos desde 2013″.

Las y los defensores del ejido, junto a la Red Mexicana de Afectados por la Minería entregaron una carta a la embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, quien fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en los primeros cinco meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para exigir la ejecución de las 67 sentencias agrarias.

Artistas en defensa de El Bajío

Con el apoyo del grupo de solidaridad con México en Londres (London Mexico Solidarity) y la Red de Solidaridad Zapatista (Zapatista Solidarity Network), los ejidatarios presentaron el documental “Tolvanera” ante distintas audiencias en Londres y en Lancaster. La película fue dirigida por Angel Melgoza y su estreno fue en 2021, ésta documenta la falta de acción de los gobiernos estatales y federales que garantizan la impunidad de la familia Baillères, una de las más ricas de México.

Además, el artista Miguel Fernández de Castro, colocó una escultura en forma de un cubo de 70 cm por lado en el ejido El Bajío, hecha con piedras del lugar, en medio del desierto de Caborca.

La escultura representa la cantidad de oro que habrían extraído de la mina Soledad-Dipolos, casi imperceptible en la inmensidad del hoyo que se formó por la extracción de la tierra, “como una manera de dimensionar el daño de manera visual”, cuenta el periodista Gustavo Lizárraga de “El Debate”.

Fernández, junto con la antropóloga Natalia Mendoza prepararon la exposición “The Absolute Restoration of All Things” donde retoman la sentencia (incumplida) del Tribunal 28, la cual se exhibe en la galería Storefront for Art and Architecture, en Nueva York.

¡Justicia para El Bajío!

La comunidad de El Bajío recuperó esas tierras hace dos años, tras una protesta en Palacio Nacional y con la demanda de que se ejecuten las 67 sentencias en su favor, lo que demuestra que sólo la movilización y la organización pueden lograr la justicia deseada, que no vendrá de la voluntad de los grandes empresarios que afirman estar haciendo bien las cosas ni del gobierno que sólo les negó ratificar al magistrado que votó en favor suyo.

La minería continúa teniendo mucha preponderancia en el país, un gran porcentaje de estas empresas son de origen canadiense, las que cuentan con concesiones otorgadas gracias a la política neoliberal que permite la sobreexplotación del subsuelo mexicano, lo que implica la destrucción de los ecosistemas, como sucedió con Grupo México que derramó sulfato de cobre en el Río Sonora, casos frente a los que las autoridades gubernamentales actúan con impunidad, lo que continúa bajo la administración de la 4T.

No es casual que recientes declaraciones del presidente López Obrador sean a favor del neoliberalismo, afirmando que “si se aplicara sin corrupción no sería del todo malo [incluso podría ser el] modelo económico más perfecto”.




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