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Red Internacional

Inflación.El Gobierno ante el chantaje patronal por los precios: pedidos de “solidaridad” e impotencia

Este viernes por la tarde el presidente reunió a su gabinete y a intendentes en la Quinta de Olivos. Fue en el marco de la discusión abierta por el congelamiento de precios decidido por el oficialismo y rechazado por las grandes patronales junto a la oposición de derecha.

Viernes 22 de octubre | Edición del día
Foto: Télam (archivo)

Con una inflación que no cesa y luego de la derrota electoral en las PASO, el Gobierno ensaya algunas medidas paliativas, intentado evitar la erosión del ya en caída poder de comprar de los sectores populares y las capas medias. En ese listado hay que incluir el congelamiento de precios de 1.432 productos de consumo esencial. La medida ya disparó resistencia por parte de las grandes patronales del sector, que encontraron apoyo en la oposición de derecha, los grandes medios opositores y otros sectores del empresariado.

Este viernes el presidente Alberto Fernández organizó una reunión con funcionarios de su gabinete y con algunos intendentes en la Quinta de Olivos. Allí intentó convencer de que sean los mandatarios de los municipios los que se encarguen de “controlar que se cumpla” el congelamiento de precios en los supermercados, y medianos y pequeños comercios.

Desde el gobierno afirman que se pondrán en marcha operativos de control acordados con algunos intendentes. Además de la real preocupación oficial por la inflación, muchos ven allí una táctica para mostrar presencia territorial de cara al 14 de noviembre.

El debate tiene lugar a pocos días de publicada la resolución 1050/2021 de la Secretaría de Comercio. La medida, a pesar de sus límites, es abiertamente rechazada por las grandes patronales. Primero fueron la COPAL y la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Luego la Asociación de Empresarios de Argentina (AEA). Esas entidades amenazaron con “desabastecimiento” y “desinversión”.

Las grandes patronales monopólicas, que obtuvieron enormes ganancias durante el primer semestre de 2021, le tienen tomado el pulso al Gobierno, que desde la amenaza de expropiar Vicentin, hace anuncios rimbombantes pero en la práctica se termina retrocediendo ante la mínima reacción empresarial.

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Por su parte la oposición de derecha, a través de Rodríguez Larreta y Santilli, salió rápidamente a hacerse vocera de las grandes patronales, hablando también del peligro de desabastecimiento. "Esta cosa obligatoria de control de precios ya sabemos en qué termina: empiezan a desaparecer productos de las góndolas, hay desabastecimiento, se cambian las etiquetas para aparecer con otro producto...”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño. Por su parte, el candidato a diputado en PBA, hizo lo propio y habló de "repetir errores del pasado" y que "la solución" pasa por la baja de impuestos a los grandes monopolios.

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La propuesta de Fernández a los intendentes muestra, por un lado, la impotencia del Gobierno ante la reacción empresarial. Por otro, deja a la vista que no está dispuesto a ir al fondo del asunto: evita tocar los intereses de los grandes monopolios de alimentos y productos básicos. Por el contrario, frente a la reacción patronal, les pide “que ayuden y sean solidarios”. Un pedido destinado al fracaso por completo.

Lo que queda en evidencia es que ante el chantaje y la extorsión de las entidades empresarias que defienden las enormes ganancias de unos pocos oligopolios de los alimentos y productos esenciales, el Gobierno no está dispuesto a ir a fondo.

Son necesarias una serie de medidas para defender el poder de compra de las mayorías trabajadoras: como un aumento de emergencia del 20 % del salario, las jubilaciones y las asignaciones, y que éstos se actualicen con la inflación; y la conformación de comités de trabajadores y consumidores que, tanto en las fábricas como en los supermercados y barrios, garantice que no haya especulación, trampas y maniobras para seguir remarcando precios o desabastecer.

Para llevar adelante estas medidas es necesaria la movilización en las calles de los trabajadores y el pueblo empobrecido. Y en ello tienen responsabilidad las centrales sindicales (CGT y CTA) que deben romper con la subordinación al Gobierno y llamar a medidas de lucha para defender los salarios e ingresos.

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