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Red Internacional

CHIHUAHUA.Familias en la calle nunca más: Qué hay detrás de los desalojos en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez se ha convertido en uno de los municipios más caros de la línea fronteriza. Está hasta 120% por encima de Nuevo Laredo o Reynosa. El gobierno, incapaz de garantizar el derecho a la vivienda, desaloja familias enteras en plena pandemia por covid-19.

Nancy Cázares@nancynan.cazares

Viernes 7 de mayo | 21:14

El problema de la vivienda en Ciudad Juárez, si bien se ha agudizado con la crisis sanitaria y económica, es de larga data en el municipio fronterizo, así como la brutalidad con la que los gobiernos en turno deciden responder a los reclamos por este derecho elemental.

Así, recordamos el desalojo de febrero de 2003 por parte de la Policía Municipal y de la Judicial del Estado en contra de cientos de familias instaladas en el sitio conocido como "Lote Bravo". De acuerdo con el diario La Jornada en una nota de aquellos años, se trató de entre 8 y 10 mil personas las que fueron desalojadas y presuntamente "reubicadas" por medio de un operativo que dejó decenas de heridos y detenidos.

Este escenario se replica 18 años después. Lo que en su momento concretó el gobierno municipal de aquél entonces, encabezado por el panista Jesús Delgado Muñoz, lo replicó hace un par de días el gobierno emecista de Carlos Ponce, cuando el pasado 5 de mayo, la misma Policía Municipal desalojó con violencia un predio que se encontraba habitado por varias familias. Del desmedido operativo resultó al menos una decena de detenidos y circuló el siguiente video a través de redes sociales.

La corrupción que trasciende administraciones queda en evidencia con las denuncias de vecinos desalojados, que aseguraron que tenían un convenio con el exdirector de Asentamientos Humanos, Arturo Ayala, el cual se ha negado a dar la cara hasta el momento.

Los desalojos no sólo han afectado a población nacional, sino también a migrantes que se encuentran varadas en Ciudad Juárez. Así lo demostró el desalojo de al menos 40 mujeres trans que improvisaron el albergue "Casa de Colores" en un hotel abandonado de la zona centro.

La estigmatización de quienes son orillados a ocupar espacios deshabitados se articula con la criminalización y el ataque a las organizaciones y voces que denuncian cómo estos desalojos están lejos de ser un caso aislado. Por el contrario, se relacionan con un proyecto que ve en la frontera un dinámico corredor de intercambio comercial que resulta muy atractivo para nichos inmobiliarios.

La imposición de estos proyectos cuentan con el pleno respaldo de gobiernos y de sus cuerpos represivos y llevan instalándose en la ciudad los últimos veinte años, con fraccionamientos y ventas fraudulentas como en Riveras del Bravo, El Barreal, Las Almeras, Villas del Sol y Los Arcos, entre muchos otros más. Casas inhabitables y verdadera usurpación de tierra por parte del gobierno y las empresas han sido una constante en la región.

Así, el desalojo de integrantes del Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas (MTS), de su vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua, se suma a la oleada de desahucios perpetrados por el gobierno municipal de Carlos Ponce Torres en contra de familias pobres y trabajadoras.

Te puede interesar: Desalojan a integrantes del MTS de su casa en Cd Juárez.

Juárez: entre el negocio inmobiliario y la violencia

Ciudad Juárez se ha convertido en uno de los municipios más caros de la línea fronteriza. Hasta 120% por encima de Nuevo Laredo o Reynosa. El costo de compra y renta de vivienda cada vez se vuelve más incosteable para trabajadores, principalmente industriales y del sector maquilador, toda vez que el valor promedio de una vivienda en Juárez es de un millón 465 mil 770.

La crisis de violencia y desplazamientos forzados que asoló el norte del país durante los últimos quince años dejó tras de sí un fenómeno de "pueblos fantasma".

Hacia 2010, se calculaba que había en México al menos cinco millones de casas abandonadas, 100 mil de ellas en Ciudad Juárez hacia 2017, año en que se estimaba que al menos 345 mil personas tuvieron que desplazarse de sus hogares derivado de la violencia y conflictos por territorio. Según el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables, en Ciudad Juárez hay un 35% de casas desocupadas, es decir, una de cada tres viviendas sociales.

Para 2017, autoridades y medios de comunicación mencionaban la "ocupación" y "vandalización" de esos espacios y viviendas, aunque no existían cifras oficiales ni censos de los predios en esta situación. Entonces Armando Cabada emprendió un convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, convenio que, hasta el momento, sólo ha servido para justificar los violentos desalojos. Activistas denuncian que, al día, el Poder Judicial realiza por lo menos 10 desalojos en complicidad con empresas inmobiliarias y el mismo Infonavit.

En febrero de 2019, el gobierno municipal encabezado por Armando Cabada anunció con bombo y platillo el impulso de un programa de vivienda que, bajo la dirección de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) y en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), implicaría la construcción de por lo menos 300 "casas ecológicas". En diciembre de ese mismo año, el director de la Coesvi, Carlos Borruel Baquera informó de la ampliación de 2 mil viviendas al proyecto que, presuntamente, estaría listo para finales de 2020.

El presupuesto anunciado para este proyecto fue de 4 millones 600 mil pesos por parte del municipio de Ciudad Juárez y cinco millones más por parte del Coesvi. Las primeras 120 viviendas se entregarían durante el primer semestre de 2020, según el convenio firmado por distintas autoridades entre las que destacan el mismo Armando Cabada como Presidente Municipal y Óscar Arturo Ayala Galindo, director general de Asentamientos Humanos, dependencia que hoy encabeza María Luisa Garfias Durán.

Éste, que constituye el único proyecto de vivienda a gran escala impulsado por la administración del otrora "independiente" Héctor Armando Cabada —hoy candidato por Morena a una diputación federal—, no tuvo mayor continuidad.

¡Desalojo ilegal, constructora criminal!

Las imágenes que nos dejan estos desahucios nos demuestran cómo la misma población busca resolver, de manera desesperada, los problemas que no pueden resolver los gobiernos capitalistas debido a que sus intereses están ligados a las mismas empresas que quieren esas tierras para construir sus lujosos fraccionamientos o supermercados.

La legislación vigente que opera a favor de las empresas, los bajos salarios, el impacto de una reactivación económica forzada que posiciona a Ciudad Juárez como el segundo municipio de Chihuahua con más casos y muertes por covid-19, son elementos que constituyen la base de una situación en donde no hay discurso que valga: o se está del lado de las clases populares o se está con empresarios y sus proyectos de lujo.

La entrega de los terrenos de El Chamizal a la voracidad empresarial es otro ejemplo del despojo que llevan a cabo los capitalistas en complicidad con los gobiernos en turno. No es gratuito que el desalojo y detención de hoy en contra de reconocidos activistas en contra de esta obra se llevara a cabo el mismo día en que se presentaría un amparo por parte de opositores a la privatización de este parque. Sólo la más amplia unidad podrá hacer frente a estos golpes que afectan el derecho a la vivienda, al trabajo y a la salud, así como poner un alto a la depredación y despojo empresarial.




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