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Red Internacional

Las direcciones sindicales que se reclaman democráticas como la Unión Nacional de Trabajadores, se reunieron para legitimar la reforma al outsourcing que plantea regular a dichas empresas.

Viernes 23 de abril | 21:03

Recientemente las cúpulas dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y de la mayoría de las centrales sindicales del país, pactaron con las cámaras patronales y el gobierno una reforma al outsourcing que lejos de “erradicarlo” solo lo legaliza, bajo las formas de “servicios especializados” y “servicios compartidos”.

De igual forma acordaron, a puerta cerrada y sin consultar a las bases obreras del país, una modificación al reparto de utilidades que permite a los patrones limitar el pago a tres meses de salario o al promedio recibido en los últimos tres años; en lugar de hacer un reparto proporcional al 10% de las ganancias, argumentando que se trata de “evitar poner en riesgo la estabilidad financiera de la fuente de trabajo”.

¿El “fin” del outsourcing?

De acuerdo a Francisco Hernández Juárez, uno de los tres “presidentes colegiados” de la UNT, “el outsourcing [tercerización o subcontratación laboral] era una figura que se había viciado y que era prudente erradicar”; aunque reconoció que no llegaron al acuerdo de eliminarlo sino solo de regularizarlo y opinó que “fue un buen avance, un buen acuerdo que va a limitar este tipo de prácticas ilegales”.

Es decir, la propuesta ya aprobada por las cámaras de diputados y senadores considera a la tercerización laboral como una política necesaria que solo es “prudente” limitar debido a que se corrompió. Posición contraria a la de millones de trabajadores y trabajadoras “informales” que aspiran a ser reconocidos y contratados por las empresas principales para las que laboran de manera indirecta y precaria.

El objetivo de AMLO al impulsar esta reforma, más que “terminar” con la subcontratación busca regularla para prohibir la existencia de “empresas fantasmas” que sirven a los patrones para evadir pagos fiscales y laborales. De ahí que darán tres meses a todas las empresas contratistas para ponerse al corriente y evitar así, según su lógica, una práctica “abusiva” de esta forma de contratación laboral.

De esta manera los trabajadores que laboran para empresas “filiales” o “subsidiarias” de compañías matrices no podrán conquistar el reconocimiento directo del patrón principal, mucho menos compartir el Contrato Colectivo de Trabajo que mantiene con los trabajadores directos y sindicalizados, sino que a lo mucho contarán con el reconocimiento y las prestaciones mínimas por Ley de parte de la empresa tercera para la que laboran.

Gobierno y charros sindicales ¿al servicio de quién?

Con estos acuerdos alcanzados en “las alturas”, que ayuda a los grandes empresarios a limitar el reparto de utilidades y a conservar la subcontratación con algunos ajustes legales, el gobierno de la “4T” y la vieja burocracia sindical mexicana intentan posar como “progresistas” cuando solo demuestran su rol de subordinación ante el sector patronal; así como una absoluta falta de representatividad de las bases obreras del país.

De igual forma este pacto demuestra un avance en la relación del gobierno del MORENA - a través de Napoleón Gómez Urrutia, diputado por ese partido y dirigente de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) - con el viejo charrismo sindical del PRI y del PRD, como la CTM, CT, CROC y la UNT; toda vez que estas direcciones sindicales perdieron influencia política ante el nuevo partido en el gobierno y al entrar en crisis los partidos a los que se encuentran vinculados, pero conservan poderosos aparatos sindicales que aglutinan a millones de trabajadores y trabajadoras en sectores estratégicos de la economía.

Resulta por demás contradictoria y descarada la alianza que la “presidencia colegiada” de la UNT - central obrera nacida en los 90´s como “oposición” al charrismo sindical corporativo - mantiene con los viejos aparatos sindicales priistas desde que llegó al gobierno Obrador, conscientes de no tener capacidad de interlocución con el nuevo gobierno y temerosos de que este atacara sus privilegios e intereses históricos.

Personajes que ahora ayudan al gobierno a vender el supuesto “fin del outsourcing” en busca de consideraciones políticas y para relegitimar sus cuestionadas figuras, cuando son responsables de dejar pasar la implantación de esta forma de contratación y del resto de políticas neoliberales desde hace décadas en beneficio exclusivo de los capitalistas.

El fin de la subcontratación solo puede ser obra de la clase obrera organizada

No será de la mano de un gobierno que solo busca “ajustar” la senil estructura neoliberal, o de las burocracias que históricamente parasitan los sindicatos obreros de acuerdo a sus intereses de casta, como las bases obreras precarizadas del país podrán obligar a los patrones a echar abajo el outsourcing; porque como queda demostrado, el gobierno y los “charros” sindicales están para cuidar y administrar los intereses de los grandes empresarios.

La tercerización del empleo no es una herramienta que sirve para “ayudar” al crecimiento de la economía nacional en beneficio de todos, sino que es un instrumento de los capitalistas para aumentar sus ganancias personales en detrimento de las conquistas obreras. De ahí que en las últimas décadas de neoliberalismo la concentración de la riqueza mundial ha recaído como nunca en un ridículo puñado de familias, como pequeñas islas de lujos y privilegios en medio de océanos de pobreza y miseria.

Solo una gran fuerza organizada desde abajo, que aglutine a la mayoría de la clase trabajadora precarizada y basificada, independiente de los grandes capitalistas, de los partidos patronales del Congreso, del gobierno federal y las instituciones de este régimen, puede representar una amenaza real contra la subcontratación laboral. Por ello los grandes sindicatos y centrales obreras deben tomar en sus manos la demanda por la erradicación completa del outsourcing, poniendo todas sus fuerzas en la conquista de esta gran demanda que no solo afecta a los trabajadores más desprotegidos sino que ha servido para presionar a la baja conquistas y prestaciones históricas de toda la clase obrera.

En “Desde las bases telefonistas” opinamos que la UNT debe romper todo pacto con las rancias direcciones del sindicalismo priista y con el gobierno de AMLO, que solo demuestra proteger los intereses de los grandes magnates con un discurso “progresista”. Sus verdaderos aliados se encuentran en los millones de trabajadores que aspiran a dejar a tras la informalidad laboral y a organizarse en sindicatos democráticos, así como en las organizaciones obreras y populares independientes que comienzan a exigir sus derechos conscientes de que solo pueden conquistarse con la movilización.




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