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Red Internacional

Está por llegar a su fin el proceso de “separación funcional” iniciado por Telmex hace tres años, bajo el gobierno de Peña Nieto (EPN). El próximo 6 de marzo deberá entrar en operaciónes la nueva empresa “mayorista” que surgirá de la división, encargada de ofrecer servicios de transporte por la red de telecomunicaciones más grande del país, a las compañías “minoristas” que lo requieran (Telmex, IZZI, Telefónica, Telcel, AT&T, etc.) para llegar a sus c clientes finales.

Lunes 2 de marzo de 2020 | 20:56

Debido a este contexto y a la presión sindical ejercida por sectores de trabajadores jubilados y activos, descontentos con la pasividad política mostrada por su dirección para impedir la medida, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del STRM convocó a una Asamblea Nacional de Representantes (ANR) el pasado 29 de febrero. Para “decidir” si se permitiría la ejecución de esta política neoliberal o se optaría por un camino de “rebeldía” y enfrentamiento contra el IFT.

En lo que fue más un foro publicitario de los acuerdos que impulsan Telmex y la dirección del STRM, que una ANR democrática - donde los delegados discutan libremente las posiciones y propuestas emanadas de la base y los acuerdos regresen a los centros de trabajo para ser votados -, después de horas de propaganda por parte de ejecutivos de la empresa “invitados” y de representantes del CEN, sobre los “números rojos” de la compañía y lo “complicado” que sería conquistar la cancelación de la “separación”, Francisco Hernández Juárez (FHJ) puso a votación si se dejaba pasar la medida el próximo 6 de marzo y se continuaba “negociando” el tema de las jubilaciones.

Bajo las promesas de que la aplicación de esta política no afectará los derechos de los trabajadores y de que se “seguirá luchando por todos los medios legales contra la división de Telmex”, la ANR reunida en el recinto del STRM aceptó por unanimidad a favor de dejar pasar la “separación funcional” y de continuar negociando un esquema de jubilaciones que “ayude” al patrón a resolver los problemas financieros de su empresa.

En su larga intervención FHJ criticó fuertemente a los sectores de base que cuestionan su nula combatividad para frenar la división de Telmex, llamándolos “grupos radicales divisionistas” y retándolos a conquistar la cancelación de la división ocupando su lugar al frente del sindicato. Ya que para el Secretario General del STRM se ha hecho “todo lo posible” para revertir la decisión del IFT, pero esto “simplemente no se ha podido dar” y es más “responsable” acatar la orden que desafiarla.

Mediante estos discursos desmoralizantes sobre el camino de la lucha política, de los grupos disidentes que buscan “destruir al STRM” y de la “gravisima” situación financiera de la compañía, FHJ y el CEN forzaron un acuerdo antiestatutario - ninguna asamblea de representantes puede sustituir a las asambleas de base en la toma de decisiones - para cerrar toda posibilidad de base que ponga en riesgo la ejecución de la “separación” a pocos días de consumarse, cuyo principal interesado es Carlos Slim.

¿Por qué uno de los sindicatos más fuertes del país no ha podido derrotar la política neoliberal del IFT?

De acuerdo a la dirección sindical telefonista, las acciones más grandes que en estos tres años emprendieron contra la división de activos fueron: el “emplazamiento a huelga” y la “gestión ante diversas instancias gubernamentales”. A lo que hay que sumar mitines de protesta en el IFT y en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) - las dos protestas en “la mañanera” de López Obrador fueron impuestas por la Asamblea de Jubilados al CEN -, la interposición de “amparos” y la colocación de mantas y carteles en los centros de trabajo.

Aunado a lo anterior, FHJ y el CEN impulsaron la candidatura presidencial de AMLO al interior, sembrando ilusiones en la base telefonista de que eso ayudaría a lograr no solo la eliminación de la “separación funcional” sino también la existencia del IFT. Aunque ahora se distancian del nuevo gobierno y buscan aliarse a las viejas burocracias sindicales del PRI (CROC, CTM y CT), para competirle a la nueva central que el Morena y Napoleón Gómez Urrutia buscan crear.

La permanente negativa de la cúpula sindical para tomar acciones de fuerza que obliguen al gobierno (actual o pasado) a obedecer la demanda por la cancelación de la división, es justificada por ella misma como un acto de responsabilidad al ser la opción combativa muy “contraproducente”; pues según explican, la lucha política implica grandes sacrificios y la “posibilidad de perderlo todo”. De aquí que la “lucha” enfocada en el terreno legal sea defendida por ellos como la “mejor” opción, pues tampoco afecta las finanzas de la empresa ni “pone en riesgo” la “fuente de empleo” de más de 60 mil telefonistas.

Esta estrategia legalista ha sido impulsada por FHJ desde mediados de los años 80´s, promoviendo un sindicalismo “opositor” respetuoso de las leyes e instituciones y contrario a la utilización de métodos de lucha históricos de la clase trabajadora, como los paros y las huelgas - métodos que aprovecho solo para llegar y asentarse en el poder del STRM a finales de los 70´s e inicios de los 80´s -. Sin embargo, el camino de los amparos legales no ha servido para detener una sola política neoliberal en más de 30 años y lo sigue demostrando, así como también prueba en los hechos el papel de subordinación que mantiene la dirección telefonista con los distintos gobiernos en turno y el patrón para dejar pasar las políticas, fingiendo ante su base “luchar por todas las vías posibles” para pasivizarla e impedir que puedan representar un estorbo en la ejecución de los planes pactados.

Así como con la privatización de Telmex en 1990 - donde las condiciones laborales de los telefonistas se fueron a la baja en comparación con las que disfrutaban cuando la empresa era del Estado - tras la “separación funcional” las conquistas de la base tenderán a disminuir, en comparación con las goza hasta el día de hoy. De aquí lo falso en el discurso del CEN, que igual que hace 30 años busca convencer con la mentira de que “todo permanecerá igual” si se deja pasar el golpe. Discurso fácilmente contrastable con una realidad actual marcada por modificaciones contractuales en favor del patrón, falta de personal activo, aumento de personal tercerizado, fuga de utilidades, perdida de materia de trabajo, mayor presión productiva y un largo etcétera.




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