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Red Internacional

Desde el proceso electoral de junio se abrió una crisis de desplazados, debido a que en la región operan distintos grupos de la delincuencia organizada al amparo de los caciques locales. La asunción del nuevo presidente municipal reabre las tensiones dentro del municipio de Pantelhó.

Miércoles 29 de septiembre | 20:11

A decir de los pobladores de la región y organizaciones de Derechos Humanos, la crisis de seguridad que atraviesa la región de los Altos de Chiapas es añeja y está relacionada con la complicidad de los distintos gobiernos con el crimen organizado. Éste opera desde hace más de 20 años en la región, donde en 1994 el EZLN declaró la autonomía de varios municipios, lo que inició la aplicación de métodos de contrainsurgencia por parte del Estado, que usó grupos paramilitares para contener la expansión de la influencia zapatista.

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En otros artículos de este diario dimos cuenta de la crisis más reciente que se abrió con la elección del polémico presidente municipal Raquel Trujillo, conocido cacique local y señalado en varias ocasiones como cómplice de grupos paramilitares que operan distintos negocios relacionados con el crimen organizado, en particular la producción y distribución de estupefacientes. Abanderado del PRD, el alcalde electo es esposo de la alcaldesa anterior, Delia Janeth Velasco Flores.

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Durante los pasados meses de julio y agosto, las 86 comunidades de indígenas tzotziles y tzeltales, encabezados por el grupo de autodefensas “El Machete”, lograron imponer la salida de Velasco Flores, a través de la toma del edificio del ayuntamiento y la conformación de un gobierno de “usos y costumbres” donde aseguraron que “no habrá partidos políticos”. La renuncia de la alcaldesa se dió el pasado 8 de agosto. A más de un mes de la dimisión de la repudiada mandataria, Raquel Trujillo aseguró en entrevista televisiva -publicada a través del diario oficialista El Heraldo de Chiapas- que volverá “porque el pueblo de Pantelhó lo necesita”.

“Estamos aquí porque no hemos tenido justicia”

Trujillo insiste en tomar posesión en la cabecera municipal, escudándose en argumentos legales como que “no se ha presentado ninguna impugnación al proceso electoral pasado que le dio la victoria con más de 5 mil 900 votos”. En respuesta a este intento de tomar el cargo, las autodefensas y el Consejo Municipal indígena se han declarado en estado de alerta. En un video difundido a través de redes sociales declararon que: “Esta elección del 6 de junio fue realizada y organizada por el crimen organizado, por tanto, no se necesita impugnación para su anulación, una elección realizada de esta manera es traición al pueblo”.

En el mismo video, un vocero de la autodefensa asegura “no estar en contra de la Guardia Nacional y los judiciales”; sin embargo, también señala que han tenido que estar ahí, tomando las armas, porque no encuentran justicia, haciendo alusión a la llegada de grupos criminales a Pantelhó y la complicidad del gobierno local. “Nosotros no estamos en contra de la Guardia Nacional y los judiciales porque actúan de acuerdo a la ley, pero si llegan a atacar el pueblo, estaremos aquí en la lucha”, dijo en la grabación de una de las columnas armadas de las autodefensas.

Este clima de tensión y cruce de declaraciones ha tenido efecto en algunos sectores de la población, propiciando la salida de decenas de mujeres, niñxs y ancianxs, ante la posibilidad de un choque armado entre autodefensas y los funcionarios y presuntos sicarios que dirige Raquel Trujillo. Hasta el momento han sido desplazadas aproximadamente 90 personas de distintas comunidades, señaló el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Desde el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas reivindicamos el derecho a la autodeterminación de los pueblos oprimidos por el Estado burgués. Esto lo hacemos debatiendo con sus direcciones -en este caso el Consejo Municipal y el organismo de autodefensa-, sobre la necesidad, para lograr ese derecho plenamente, de la más absoluta independencia política respecto al gobierno y las demás instituciones del Estado. Las cuales, en todos sus niveles, garantizan la opresión y negación de la justicia que han padecido las comunidades indígenas históricamente y hasta la fecha. La justicia y su derecho a la autodeterminación no vendrán de los jueces o del gobierno estatal y federal, sino de la alianza de las comunidades con sus hermanos trabajadores del campo y la ciudad.

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