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Red Internacional

El reciente anuncio del Ejecutivo de trasladar los fondos de pensiones de los trabajadores del Estado agrupados en el Pensionissste, que asciende a 58 mil 500 millones de pesos es parte de la ofensiva privatizadora de Enrique Peña Nieto.

Sábado 14 de noviembre de 2015 | 03:04

Reforma a la ley del ISSSTE
Desde la creación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con la que se creó el ISSSTE el 30 de diciembre de 1959 y hasta 1992, esta institución financiaba sus gastos con recursos propios provenientes de cuotas y aportaciones complementadas con la reserva actuarial del Fondo de Pensiones.

A partir de 1993 y con la aplicación de las medidas de corte neoliberal por parte del Estado mexicano, que incluyó políticas laborales que en el caso del ISSSTE ocasionó caída en el salario base de cotización, despidos masivos en el sector central, congelamiento de plazas, jubilaciones inducidas, estancamiento del número de cotizantes y administración corrupta de los recursos excedentes; todo lo cual generó que las aportaciones y los rendimientos resultaran insuficientes.

Dichas reformas que ocasionaron el aumento en la edad de jubilación a 65 años y a 20 los años de servicio cotizados para tener derecho a una pensión de retiro; así como el aumento de las cuotas y aportaciones, entre otras, iban encaminadas a abrir el campo para la privatización del ISSSTE.

En el segundo semestre del 2003 el gobierno federal presentó su reforma a la ley del ISSSTE: sustituir el régimen de beneficios definidos actual por “un sistema de cuentas individuales con bono de reconocimiento”.

Creación del PENSIONISSSTE

En la nueva ley del ISSSTE se contempló la creación de un órgano desconcentrado que administrara los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores denominado Pensionissste, iniciativa impulsada principalmente por el senador priísta Joel Ayala Almeida en 2005, rechazada en un primer momento por las principales centrales sindicales opositoras.

La nueva Ley del ISSSTE aprobada por las cámaras, los principales partidos patronales del Congreso y líderes sindicales charros, sin mucha discusión y con poca aceptación por parte del conjunto de los trabajadores/as al servicio del Estado.

¿Qué representa la transformación del Pensionissste?

El Pensionissste se creó como entidad de tránsito hacia las Afores -Administradoras de fondos para el retiro-, instituciones privadas que administran los fondos de las cuentas individuales que cobran altas comisiones sobre los ingresos de los trabajadores.

En la modalidad de las Afores no hay una pensión mínima garantizada por el Estado. Salvo en el caso del Pensionissste, que se basa en un sistema de reparto solidario y de beneficio definido sin importar los ingresos que se tuvieran a lo largo de la vida laboral.

Hasta ahora, el Pensionissste conservaba algunos beneficios como tener la comisión más baja de todas las Afores y repartir los remanentes entre los trabajadores.
Esa llamada “capitalización pública” de dicha entidad con una parte de capital estatal y otra de capital privado no garantizará mejoras en las pensiones del sector pues las comisiones podrán crecer y como ya se ha visto con el modelo de cuentas individuales de administración privada, se tendrá que trabajar más años y se obtendrán pensiones de apenas 30% del último salario devengado.

Este proyecto del presidente pone a disposición del sector privado el dinero de las pensiones de los trabajadores del Estado -y por ende de los vaivenes del mercado y del gran capital internacional- actualmente en crisis y con gran inestabilidad.

¿Qué pensiones necesitan los trabajadores del ISSSTE?

Los trabajadores/as al servicio del Estado, al igual que el resto de los trabajadores de otros sectores necesitamos que los fondos de pensiones estén al servicio de satisfacer y proveer pensiones que brinden una buena calidad de vida para todos y todas las trabajadoras al final de la vida laboral.

Es necesario terminar con el infame sistema de empleo a través de contratos por honorarios bajo los que laboran parte de los trabajadores del Estado, como numerosos profesionales y técnicos que laboran para la SEP. Todas las personas que trabajan en instituciones gubernamentales de los distintos niveles deben pasar a nómina y el Estado debe cotizar sus aportes al sistema de salud pública. Así aumentaría el número de cotizantes activos cuyos aportes puedan solventar las pensiones de aquellos que finalizan su vida laboral.

Aunque el modelo anterior de reparto solidario, intergeneracional, es mejor para los trabajadores, lo cierto es que la administración descansa en los directivos de turno, que velan por sobre todas las cosas por el incremento de sus fortunas personales y a cambio de generosas prestaciones buscan las vías para avanzar en la precarización de las condiciones laborales.

Para esto es necesario que los mismos estén bajo administración democrática del conjunto de lxs trabajadores organizados de manera democrática, en comités de base, para evitar mala administración y desfonde de los mismos.

Y a su vez, son los mismos trabajadores, organizados desde las bases, con representantes elegidos por sus compañeros, rotativos y revocables, quienes pueden garantizar una administración democrática de los fondos de pensión, asesorados por economistas, actuarios y demás profesionistas comprometidos con el conjunto de las y los trabajadores, y así evitar el desfonde y el saqueo del sistema de pensiones.

Ésa es la única manera de impedir que el capital financiero internacional meta sus sucias manos en los fondos de los trabajadores para especular y engrosar las fortunas de los capitalistas.




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