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Red Internacional

El gobierno de la Ciudad de México busca imponer el nuevo Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), porque pone en riesgo de desaparecer 30 mil hectáreas de suelo de conservación... no, no es un rumor, es la nueva medida para beneficiar al sector inmobiliario del gobierno de la morenista Claudia Sheinbaum.

Miércoles 7 de diciembre de 2022 | 20:43

¿Rumores de privatización?, según el Gobierno de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), no privatizará áreas naturales. Sin embargo, pueblos originarios, activistas y académicos llevan meses insistiendo que este plan pone en riesgo 30 mil hectáreas de suelo de conservación. Por esta y otras muchas razones pueblos originarios luchan contra esta medida de la morenista Claudia Sheinbaum.

El objetivo de este proyecto es crear un plan —a largo plazo— de ordenamiento del territorio de la ciudad, mediante la distribución de sus territorios (el uso de hectáreas) para conservación, urbano y rural, nada que no se haya manejado antes, pues en el año 2000 entró en vigor el Programa General de Ordenamiento Ecológico (PGOE) de la Ciudad de México.

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Dicho plan fue resultado de dos años de estudios y asambleas comunitarias en el sur de la ciudad y su realización requirió de consultas y un trabajo de expertos que tomó de 1998 a 2000, pese a esto, a pocos meses de su entrada en vigor, el PGOE dejó de aplicarse por decisión del entonces jefe de gobierno entrante Andrés Manuel López Obrador.

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Más de dos décadas después, las legislaciones ambientales aplicadas en la CDMX han priorizado el cambio de uso de suelo para beneficiar nuevos desarrollos inmobiliarios, además de propiciar la entrada de asentamientos irregulares en zonas de reserva ecológica.

Este año, el gobierno de Claudia Sheinbaum informó que impulsará un nuevo Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), el cual definirá las políticas, estrategias y acciones del desarrollo urbano para los próximos quince años en la Ciudad de México. Esto con el fin de regularizar las zonas invadidas y áreas que siguen sin ser invadidas, así como gestionar los suelos de conservación de la ciudad.

Las alcaldías afectadas con la pérdida de ese suelo serán Milpa Alta, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tláhuac. Cabe recordar que, 42% del agua de la CDMX viene del suelo de conservación, la cual se infiltra luego de las lluvias en zonas de alta permeabilidad, además de que las zonas boscosas representan un pulmón vital para la vida de la ciudad, que es más del 50% del territorio de la urbe.

Sin embargo, pueblos originarios han denunciado desde hace meses la poca claridad que existe a la hora de acceder a la información sobre el manejo de sus territorios, que ocupan más del 80% del suelo de conservación de la ciudad y que de aprobarse el PGOT, se perderían casi 30 mil hectáreas de este territorio. Esto es un claro intento de despojo hacia comunidades originarias que han resistido durante décadas para defender sus sus tierras, de sus recursos, de sus derechos y su identidad.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha buscado desde hace varios meses de imponer este plan desde consultas amañadas en favor del PGOT, además, el alcalde de Xochimilco, el morenista José Carlos Acosta Ruiz, ha acosado en numerosas ocasiones a pobladores, al grado de el pasado viernes 2 de diciembre enviar un operativo de más de 300 policías para desalojar un plantón en la comunidad de San Gregorio Atlapulco, donde los habitantes pedían claridad sobre las obras hidráulicas que ahí se realizaban.

Información engañosa

De esta represión, la mayoría de las afectadas fueron mujeres de la tercera edad, quienes en numerosas entrevistas para medios independientes han denunciado que desde hace décadas las administraciones anteriores han permitido el constante saqueo de agua de las comunidades de Xochimilco, en favor de inmobiliarias, lo cual ha ocasionado el constante desecamiento de los canales y pozos de la comunidad, lo que ha provocado que el suelo de la zona haya sido más vulnerable a sismos y que en gran medida fue un factor en los destrozos que ocasionó el terremoto del 2017.

El académico y miembro de la Asociación Civil Maderas del Pueblo del Sureste, quien señala que la información cartográfica presentada por el gobierno de la ciudad es engañosa al aparentar que las 30 mil hectáreas que se convertirán en suelo urbano y rural en el nuevo PGOT están invadidas por más de 900 asentamientos irregulares, sin embargo estos representan apenas 3 mil hectáreas del total del terreno.

Imagen: asentamientos irregulares Izquierda mapa del Gob Cdmx/ Derecha información real

Estas 30 mil hectáreas además se encuentran al sur de la ciudad que conforman además la reserva ecológica en las alcaldías de Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, precisamente en donde se ubican los pueblos originarios que han manifestado su rechazo al PGOT.

Tanto académicos, como pobladores originarios y organizaciones sociales han dicho en constantes ocasiones que este proyecto viene también por la cercanía del gobierno de Claudia Sheinbaum a desarrolladores inmobiliarios, que ha beneficiado a lo largo de su mandato, como el reciente convenio con AirBn.

Es claro que la administración de Sheinbaum, al igual que anteriores beneficia al sector empresarial imponiendo el modelo de "ciudad mercancía", favoreciendo al sector empresarial e inmobiliario, ante esto es necesario articular un movimiento en las calles, independiente al gobierno, a la derecha y los empresarios para defender la autodeterminación de los pueblos, su derecho a habitar sus territorios y en defensa de los recursos y ecosistemas.

Para enfrentar los efectos de la crisis hídrica, la gentrificación y los megaproyectos ecocidas se requiere, en primer lugar, garantizar el abasto de agua para los pueblos originarios y las colonias populares que son las que en su mayoría enfrentan el hacinamiento y la escasez.

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