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Red Internacional

La iniciativa de reforma a la tabla de enfermedades en la LFT incorpora a la covid-19, luego de miles de muertes y secuelas en un contexto durante producto de la precarización y degradación de la salud bajo la crisis sanitaria.

Francisca DanielaMaestra de primaria. Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Miércoles 18 de mayo | 23:43

Desde 1970, es decir hace 52 años, no se había modificado la tabla de enfermedades de trabajo incluidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT); recientemente se presentó una propuesta para actualizarla. Esto es de suma importancia, porque los riesgos que no estaban contemplados, se asimilaban a otras patologías no reconocidas o bien, no se tomaban en cuenta para expedir incapacidades a trabajadoras y trabajadores.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentó un proyecto de reforma a los artículos 513, 514 y 515 de la LFT, para incorporar 88 nuevos padecimientos laborales -con lo que sumarán 194-, digestivos y enfermedades derivadas del estrés laboral, endometriosis, padecimientos, enfermedades infecciosas y parasitarias, infartos al miocardio por exposición a químicos, así como cánceres de origen laboral. Además, pretende modificar la tabla de valuaciones de incapacidades permanentes, para integrar la parte u órgano del cuerpo afectado, las secuelas del accidente o enfermedad de trabajo y el porcentaje de incapacidades que resulte aplicable por cada padecimiento.

Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión social (STPS), señala que con dichas incorporaciones: “Se da atención a un tema de justicia social para los trabajadores del país”. Sin embargo, soslaya la grave omisión que tuvo la STPS y Secretaría de Salud, puesto que dichas modificaciones debieron de ser las primeras medidas de urgencia en materia del trabajo, que debieron de haberse implementado al inicio de la pandemia, para evitar trabajo en riesgo y salvaguardar la vida y salud de las familias trabajadoras durante los meses momentos más críticos. Por el contrario, dieron todo el margen legal para permitir que los patrones suspendieran, sin goce de sueldo a las y los trabajadores que estuvieron contagiados y/o que perdieron a familiares por la covid-19, mientras que muchos otros fueron obligados a laborar aunque no se tratara de actividades esenciales.

Salud, pandemia y precarización

Aunque es importante este avance, claramente es tardío. Durante la pandemia, la política de reactivación económica del gobierno, las patronales y las burocracias sindicales, tuvo como consecuencia graves riesgos de trabajo por Covid-19, que implicaron miles muertes y tragedias entre las familias pobres y trabajadoras, que podrían haberse evitado. Suman según cifras oficiales hasta hoy 324, 617 fallecimientos, pero la cifra real podría triplicarse).

Según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes más han sido afectados son las y los trabajadores y sus familias, pues el 94% de las muertes por Covid-19 han sido entre obreros, amas de casa, jubilados y pensionados.

Otro aspecto que han minimizado las autoridades de la 4T es la existencia de secuelas de salud a causa del Covid-19 y, por ende, la necesaria rehabilitación o incapacidad a mediano u lago plazo, al ser una enfermedad que se contrajo en los centros de trabajo.

Quienes enfermaron padecen secuelas irreversibles como dificultad para respirar, cansancio, tos, fiebre, dolor muscular, en articulaciones, entre otros, que menoscaban su calidad de vida y aun así, no son consideradas como enfermedades de trabajo en la LFT.

A pesar de que las cifras de casos de covid-19 han disminuido en los últimos meses, eso no significa que se haya superado la pandemia, pues hay ciertas regiones donde los casos han aumentado. Por lo que sigue siendo un riesgo latente para las y los trabajadores, que son obligados a laborar en condiciones insalubres e incluso, a enfermar una vez más, sin poder atender adecuadamente sus demás enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión.

Por la problemática del estrés laboral en un contexto de continuidad neoliberal, persiste una fuerte política de trabajo precario, sin condiciones de seguridad y bajo ritmos extenuantes para las trabajadoras y los trabajadores. Mientras que empresarios y gobiernostratan de insisten en desmantelar las conquistas ganadas en los Contratos Colectivos de Trabajo, para quienes cuentan con basificación y/o sindicalización.

Así que, aunque es un paso importante la consideración del estrés laboral en la LFT, esto no implica que se resuelva de fondo las causas que lo originan. En las nuevas incorporaciones ni siquiera se reglamentan las jornadas de trabajo, para tener derecho al descanso y la recreación, ni contemplan aumentos salariales acordes a la alta tasa inflacionaria.

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Tampoco se ha aplicado ninguna protección legal a las trabajadoras y trabajadores que sufrieron más secuelas al transitar por dobles o triples contagios, ni se ha establecido cómo tratar el riesgo de trabajo durante la pandemia, pues no se ha hecho efectiva la posibilidad de tratar las secuelas irreversibles. Incluso, aunque se dio atención, los trámites de incapacidad fueron tortuosos para las y los trabajadores, que esperaron en filas enormes en el IMSS y el ISSSTE aun cuando estaban enfermos, con tal de acceder a sus incapacidades y a su derecho al reposo, sin perder su fuente de empleo.

Pero, ¿qué sucede con las y los trabajadores más precarizados? Ante la negativa de reconocimiento de la relación laboral y de casi todo derecho laboral, la gran mayoría no contamos con cobertura de salud.

Un ejemplo de esta situación es la que viven las y los trabajadores de la cultura a quienes Magali Cadena, directora de vinculación de cultura comunitaria del gobierno de la Ciudad de México, les señaló en una capacitación que no se podían quejar porque existe el seguro popular (hoy INSABI). En realidad desde el año pasado es más complejo acceder a este programa y hay más restricción al no cubrir todas las enfermedades.

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Además, las jornadas extenuantes que superan las 8 horas reglamentarias, sin contar con hora de descanso, es decir, con pocos tiempos, impiden una buena alimentación y en muchos casos, se niega un comedor en los centros de trabajo.

Esto se agrava en el caso de las y los trabajadores del sector informal, que según el Inegi representaban el 56.5% de la población ocupada en diciembre de 2021, quienes no tienen la garantía de contar con la seguridad social.

La lucha, por encima del papel

La propuesta de reforma es una formalización legal de las incapacidades que se han ido reconociendo en los hechos. No obstante, falta mucho por hacer, pues todo lo ya mencionado es símbolo de una profunda degradación a los servicios de salud públicos para las familias trabajadoras, impactada por la reducción de presupuesto, así como negativa de derechos laborales para sus propios trabajadores.

Es por ello que las y los trabajadores requerimos organizarnos y establecer un mecanismo para la exigencia de la extensión universal -que cubra todo tipo de enfermedades- en la cobertura de salud pública y gratuita para nuestras familias, así como el tratamiento de secuelas por covid-19.

También es necesario que pongamos en pie, Comisiones de Seguridad e Higiene en cada uno de nuestros centros de trabajo -que sean representativas, democráticas e independientes del gobierno, las burocracias y partidos del régimen- para hacer efectivo nuestro derecho a la salud y a condiciones seguras.

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*Tamara Gutiérrez y Francisca Daniela son docentes y abogadas laboralistas del Movimiento de Trabajadores Socialistas




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