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Red Internacional

Varios nombres circularon en medios de comunicación para ocupar la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, luego del anuncio de la salida de Delfina Gómez, quien será candidata por el Morena a la gobernatura del Estado de México.

Sulem Estrada, maestra de secundariaAgrupación Magisterial Nuestra Clase y Pan y Rosas

Miércoles 10 de agosto | 22:23

Nombres como Luciano Concheiro Bórquez, subdirector de Educación Superior; Rosaura Ruíz Gutiérrez, Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Sectei); Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena; Marx Arriaga, director de materiales educativos; Raquel Sosa Elízaga, directora de las universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) y Elena Álvarez Buylla, titular del Conacyt, fueron mencionados por distintos medios de comunicación como posibles propuestas a ocupar el cargo que deja Delfina.

Sin embargo, en la conferencia matutina de hace un par de días, López Obrador aseguró que la próxima secretaria de educación sería una mujer y descartó que fuera Elena Álvarez, argumentando que la “necesitan” en el Conacyt. Entonces, ¿quiénes son las candidatas y que papel han jugado en el gobierno de la 4T?

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Escándalos de corrupción, precarización y violación de derechos laborales

Bertha Luján es la actual presidenta del Consejo Nacional de Morena, fue acusada en 2019 por usar fondos públicos para promover su candidatura a la presidencia nacional de su partido. Es una de las candidatas que menos relación tiene con el sector educativo, pues su única ligazón con la educación fue ser Presidenta de la Asociación Civil Escuela de Contabilidad y Administración Pública, Leona Vicario, una de las universidades que el Morena abrió en la CDMX que luego se convirtieron en las UBBJ; sin embargo, es una de las figuras más cercanas al presidente desde el 2000, cuando López Obrador gobernaba la CDMX.

Rosaura Ruíz Gutiérrez está actualmente al frente de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. En su gestión, se profundizó la precarización de docentes, talleristas y monitores de los programas de Pilares, quienes no son considerados trabajadores, sino beneficiarios de un programa social y por tanto carecen de cualquier derecho laboral.
Son cientos de jóvenes que trabajan precarizados al servicio de las necesidades del gobierno, pues se les usa cotidianamente para hacer proselitismo político y para actividades que exceden sus funciones, como lo fue la campaña de vacunación a la que los obligaron a asistir sin estar vacunados y sin equipos de protección.

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Rosaura Ruiz, también ha contendido por la rectoría de la UNAM, es parte de la llamada burocracia dorada y está ligada a personajes como Narro Robles, priista y ex rector de la máxima casa de estudios. Fue directora de la Facultad de Ciencias y durante su gestión propuso la colocación de más cámaras en los planteles -que han servido únicamente para señalar a los activistas universitarios-, reformar los planes de estudios quitándoles el carácter crítico y fue una de las que en 1999 llamó a que la Policía Federal entrara a la universidad para romper la huelga.

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Despidos injustificados, el caso de las UBBJ

Uno de los nombres más mencionados para quedarse a cargo de la Secretaría de Educación Pública es Raquel Sosa Elízaga quien es coordinadora general de las Universidades del Bienestar Benito Juárez y se ha caracterizado por violentar los derechos laborales de las y los docentes e incluso negarse a reconocerlos como trabajadores argumentando que son “beneficiarios de un programa social”, como planteamos aquí.

El 29 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 75/2022 a Raquel Sosa Elizaga por violentar los derechos a la libertad en el ejercicio de la profesión y a la seguridad jurídica de tres egresados. Cabe recordar que, en el 2019, los estudiantes y maestros de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga -hoy UBBJ Sede Cuauhtémoc- se movilizaron y pararon por certeza para obtener sus títulos, aumento presupuestal y contra los despidos injustificados de trabajadoras. Durante este periodo se criminalizó fuertemente a la comunidad estudiantil que encabezó la lucha y finalmente se despidió a todo el personal docente como forma de represión por participar en el movimiento.

En 2020 hubo cientos de despidos a nivel nacional dentro de las UBBJ que originaron una serie de demandas laborales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje -quienes han emitido también exhortos a la coordinación general de la universidad debido a la alta cantidad de demandas en su contra-. Asimismo, varias maestras han denunciado acoso laboral, además de ser reprimidas por organizarse en fechas como el 8 de marzo, vulnerando su derecho a una vida libre de violencia.

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Como podemos observar, las candidatas a ocupar la titularidad de la Secretaría de Educación Pública han jugado roles importantes para avanzar con el ataque a la educación pública, así como la precarización laboral para el sector. Aunque las figuras femeninas de la 4T impulsen discursos progresivos y feministas, sus acciones políticas demuestran que son más cercanas a los intereses de las empresas, que a los de las mujeres, jóvenes y familias trabajadoras. Nada bueno podemos esperar de personajes como ellas, que, aunque son mujeres en un sector mayoritariamente femenino, no garantiza -como en el caso de Delfina Gómez- que lleven adelante una gestión que favorezca nuestros intereses.

Es por ello que urge que las maestras y maestros y todos los trabajadores y trabajadoras de la educación nos organicemos, escuela por escuela, en todos los niveles educativos del sector público y privado, para luchar porque la educación se gestione democráticamente, bajo la dirección y control de las comunidades educativas. De lo contrario, nos seguirán imponiendo al frente de la SEP a funcionarias que no responden a nuestros intereses como docentes ni mucho menos, a las necesidades de alumnas, alumnos, madres y padres de familia, sino de los de arriba.

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